Ante la constante vulneración de los derechos de las comunidades y la zozobra en la que viven en el departamento de Arauca por cuenta del recrudecimiento del conflicto armado, la Defensoría del Pueblo le solicita a toda la institucionalidad gubernamental hacer presencia en el territorio y encaminar las debidas acciones para que sean protegidas.

El llamado lo hace porque entre el jueves 22 y el martes 27 de agosto hubo ocho homicidios en Saravena, Fortul, Puerto Lleras, Arauquita, Puerto Rondón y Tame. Todos los asesinatos, en su mayoría de personas jóvenes, habrían sido perpetrados por integrantes de grupos armados ilegales. 

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Entre quienes perdieron la vida estaban Willis Guillermo Robinson Sánchez, líder comunal de Puerto Rondón, y Óscar Guerrero, presidente de la junta de acción comunal de Corocito. Así, ya son 13 los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos los ultimados en el departamento este año. El total de homicidios en Arauca supera los 100 entre enero y agosto del 2024.

Al oscuro panorama se suman las desapariciones forzadas, retenciones o secuestros: son más de 110 casos en el mismo periodo, lo cual compromete los derechos a la libertad y a la integridad de la población civil, que cada vez más se siente desprotegida. Por ende, es necesaria la implementación de medidas que efectivamente salvaguarden la integridad y vida de los araucanos.

Ola de atentados

El fin de semana anterior también fue hostigada la estación de Policía de Fortul —en plena zona céntrica del casco urbano— con artefactos explosivos y ráfagas de fusil, situación que puso en grave riesgo a los habitantes del municipio.

Es tan preocupante lo que está ocurriendo, que, además, en los últimos seis días fueron reportados atentados con explosivos a la infraestructura petrolera, lo cual compromete los derechos —como el goce a un medioambiente sano— de la población asentada en las zonas rurales. 

Los ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas afectaron a los pobladores de las veredas El Consuelo, Islas de Bojaba y La Pava (de Saravena), y el ataque al oleoducto Bicentenario, a las comunidades de las veredas Palmarito (de Fortul) y Bajo Tamacay (de Tame). 

La Defensoría ha venido advirtiendo el violento panorama

La entidad ha advertido en reiteradas ocasiones la compleja situación derivada del conflicto armado que padece Arauca. Por ejemplo, lo hizo en un oficio de consumación remitido el pasado 20 de agosto a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat). 

En el documento advirtió sobre los niveles de riesgo y el peligro de que aumentaran a causa de la no ratificación o continuidad del cese al fuego bilateral tanto con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc como con el grupo rebelde ELN. Dejó constancia de que las dos estructuras armadas podrían atacar a las comunidades, fuerza pública, institucionalidad e infraestructuras petrolera y energética. 

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Como institución que trabaja por la garantía de los derechos humanos, insiste en su llamado a los actores armados no estatales: cesen las acciones en contra de la población civil y absténganse de vulnerar sus derechos y de transgredir lo que dicta el derecho internacional humanitario (DIH).

*Con información de Defensoría del Pueblo